Hoy fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 21.768, que modifica la Ley Nº 20.422 para garantizar atención preferente y oportuna a personas con discapacidad y sus cuidadores en instituciones públicas y privadas. La normativa, impulsada por un grupo transversal de diputados, busca eliminar barreras de acceso y promover una inclusión real en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
La ley establece que tanto las personas con discapacidad que cuenten con credencial o certificado del Registro Civil, como sus cuidadores registrados en el Registro Nacional de Discapacidad o que sean beneficiarios de programas estatales de apoyo, tendrán derecho a atención prioritaria en servicios públicos y privados, desde bancos y retail hasta centros de salud y trámites administrativos.
Cristián Espinoza, director de la ONG Pather Nostrum, organización dedicada a la promoción de derechos de personas con discapacidad, valoró la iniciativa pero llamó a no bajar la guardia:
«Celebramos este paso fundamental que reconoce oficialmente los derechos de más de 2,8 millones de personas con discapacidad y sus cuidadores en Chile. Durante años, la espera excesiva y las barreras administrativas han vulnerado su dignidad. Esta ley llega para reparar esa deuda».
Sin embargo, Espinoza enfatizó que «una ley no basta si no va acompañada de voluntad política, recursos y fiscalización. Es crucial que se diseñen protocolos claros, se capacite al personal y se establezcan sanciones efectivas para quienes no cumplan. Sin esto, corremos el riesgo de quedar en el papel».
También hizo un llamado a la ciudadanía: «Que las personas conozcan sus derechos y los ejerzan. Esta ley es un piso, no un techo. Seguiremos monitoreando y trabajando para que se traduzca en mejoras tangibles».
La ley fue presentada como una moción por diputados de distintos sectores políticos, entre ellos Marlene Pérez, Flor Weisse, Juan Antonio Coloma y Cristian Moreira, lo que refleja un consenso sobre la urgencia de avanzar en inclusión.
Con su publicación en el Diario Oficial, la normativa entra en vigencia inmediata, marcando un antes y un después en el reconocimiento de derechos de un grupo históricamente postergado.
